Hay algo engañosamente cómodo en comprar una prenda barata que dura poco. Funciona hoy, falla rápido y obliga a volver a empezar. Lo barato no ahorra: atrapa en repetición. El problema no es la prenda, es la lógica que hace rentable que dure poco y algo parecido está pasando con el empleo en Colombia.
Las cifras parecen dar buenas noticias: el desempleo cayó a niveles cercanos al 9%. Pero al mirar más de cerca, más de la mitad de los trabajadores —alrededor del 55%— están en la informalidad. No es una anomalía reciente. La comparación con el “Fast Fashion” no apunta a que sean trabajos “baratos” o “desechables” sino a una lógica donde lo urgente desplaza lo estable. El ingreso aparece hoy, pero la protección social se aplaza. El trabajador resuelve el presente mientras el futuro queda descubierto.
Y eso no es abstracto. Es el domiciliario que trabaja doce horas al día sin saber qué pasa si se accidenta mañana. Es la mujer que vende ropa por catálogo y lleva años trabajando sin cotizar una semana a pensión. Es el jornalero que cobra por día trabajado y desaparece de cualquier estadística cuando la cosecha termina. Personas que sí trabajan, pero viven a una enfermedad, una lesión o una mala semana de quedarse sin ingresos.
La pregunta importante no es por qué existe la informalidad. Es por qué persiste incluso cuando la economía crece o el desempleo baja.
Parte de la respuesta está en que muchas veces el mercado laboral no está generando suficientes empleos capaces de cobijar formalmente a quienes necesitan trabajar. A eso se suma un problema estructural: el costo de la formalidad. Para muchas pequeñas empresas o trabajadores independientes, formalizarse no implica solo registrarse; implica asumir cargas laborales, tributarias y regulatorias que no siempre corresponden con su capacidad productiva. En ese contexto, la informalidad aparece como la única manera de mantenerse a flote.
Por eso la informalidad no golpea a todos por igual pues hay brechas de acceso a la formalidad muy marcadas con las mujeres cabeza de familia, jóvenes y personas mayores de 50 años. En el campo colombiano la informalidad supera el 80%. En ciudades intermedias, donde el tejido empresarial es más débil y el empleo privado escasea, se vuelve casi la regla. Sectores como agricultura, comercio minorista, alojamiento o servicios personales concentran buena parte de esa fragilidad: mucho trabajo, poca estabilidad y casi ninguna garantía.
La informalidad no es cómoda para el Estado. Es uno de sus mayores problemas.
Un país donde más de la mitad de los trabajadores no cotiza implica menos recaudo, más presión futura sobre subsidios y un sistema pensional cada vez más difícil de sostener. La informalidad no es una válvula de escape diseñada desde arriba; es la señal de que el sistema económico no está logrando integrar a millones de personas dentro de una estructura laboral estable.
Formalizar no depende únicamente de voluntad política ni de endurecer controles. Depende de productividad, educación, crecimiento empresarial y capacidad estatal para regular sin asfixiar. Obligar a formalizar sin resolver estos factores suele producir otro efecto: más evasión, menos contratación o desplazamiento hacia esquemas todavía más precarios.
Además, hay una realidad incómoda: para millones de colombianos, el “rebusque” no es una decisión, es supervivencia.
Por eso la comparación con el “Fast Fashion” termina siendo más precisa de lo que parece. No porque el empleo informal esté diseñado para fracasar, sino porque funciona bajo una lógica parecida: resolver rápido, durar poco y trasladar el costo hacia el futuro.
La pregunta ya no es si la informalidad es buena o mala —esa discusión está superada—, sino si el país, y su próximo gobierno, está dispuesto a asumir lo que implica reducirla: hacer más exigente el presente para evitar que el futuro termine siendo impagable.
