Hacer maletas para recorrer Colombia se ha convertido, paradójicamente, en un plan más exclusivo que sellar el pasaporte para viajar al exterior. El país del «realismo mágico», aquel que durante años se promocionó bajo la premisa de que el único riesgo era querer quedarse, hoy enfrenta una realidad económica que está expulsando a los mismos colombianos de sus propios destinos turísticos. La frase que hoy resuena en los pasillos de las agencias de viajes y en las conversaciones familiares no es una exageración de la clase media, sino el reflejo de un mercado distorsionado: vacacionar en el territorio nacional se volvió un lujo reservado para el estrato seis, dejando al resto del país con la amarga sensación de que es un paraíso para mirar, pero no para tocar.
Varios factores han cocinado esta tormenta perfecta que golpea el bolsillo de los viajeros locales. El primero y más evidente es el regreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pleno tanto en los tiquetes aéreos como en los servicios de hotelería y turismo, una exención que había aliviado la carga durante la pospandemia pero que, al expirar, encareció los costos de golpe. A esto se suma la crisis del sector aeronáutico que el país arrastra desde hace un tiempo, donde la reducción de la oferta de aerolíneas de bajo costo concentró el mercado y disparó el precio de los trayectos nacionales. Hoy en día, un vuelo de Bogotá a Cartagena o a San Andrés en temporada alta puede costar fácilmente lo mismo, o incluso más, que un tiquete internacional hacia destinos del Caribe o los Estados Unidos. Cuando el consumidor saca la calculadora y se da cuenta de que es más barato ir a Miami o a Cancún que visitar el Parque Tayrona, la decisión deja de ser una cuestión de patriotismo y se convierte en pura supervivencia financiera.
Pero el problema no se queda en el aire; aterriza con fuerza en la oferta local. La inflación y el encarecimiento generalizado de los insumos han obligado a la industria hotelera y gastronómica a reajustar sus tarifas al alza. Sin embargo, en muchos destinos turísticos tradicionales, este incremento ha cruzado la línea de lo razonable para rozar la especulación. Desde las ya famosas e infames cuentas cobradas en las playas de Barú, hasta las tarifas de alojamiento en villas coloniales que se cotizan a precios de las grandes capitales europeas, la desconexión entre el costo y el servicio recibido es cada vez mayor. El turismo nacional parece haber diseñado su estrategia actual pensando exclusivamente en el extranjero que paga en dólares o en el puñado de colombianos con un poder adquisitivo extraordinario, ignorando por completo que la base de la economía turística debería ser el ciudadano de a pie.
Este fenómeno genera un impacto colateral profundo en las dinámicas sociales y económicas de la nación. Por un lado, se está marchitando el turismo familiar, ese que dinamizaba las economías regionales los fines de semana y durante los puentes festivos. Los destinos intermedios y los pequeños municipios, que dependen del flujo constante de visitantes, empiezan a ver cómo las familias prefieren quedarse en casa o limitar sus salidas a planes pasadía debido a que pasar una noche por fuera devora el presupuesto de todo un mes. Por otro lado, se produce un preocupante desarraigo cultural: si las nuevas generaciones no pueden permitirse conocer su propio país debido a los costos prohibitivos, se rompe ese vínculo de pertenencia y orgullo por la diversidad del territorio.
Al final del día, el panorama actual plantea un dilema urgente para el Gobierno y los gremios del sector. No es sostenible una política de turismo que condene al ciudadano local a hacer el check-in en la quiebra cada vez que intenta descansar. Mientras Colombia siga siendo un destino prohibitivo para sus propios habitantes, el lema de potenciar el turismo como el nuevo motor de la economía nacional se quedará a mitad de camino, limitando el disfrute de nuestras playas, montañas y selvas a unos pocos privilegiados, y convirtiendo el descanso en un artículo de lujo inalcanzable para la gran mayoría.
