Hablemos claro: en el mundo de los grandes negocios, no basta con ser honesto; también hay que parecerlo. La reciente decisión de la junta directiva de Ecopetrol de otorgarle una licencia a su presidente, Ricardo Roa, ha desatado un «round» de opiniones que nos deja en la mitad de un choque de trenes: ¿Es un respeto al debido proceso o una «alcahuetería» institucional que nos va a salir cara?
En los micrófonos de La FM, el senador Alejandro Ocampo y el exsenador Jorge Enrique Robledo sacaron chispas. Aquí te desglosamos los dos bandos de este pleito:
- La tesis de la resistencia (Ocampo): El argumento es que no hay condena y, por ende, Roa tiene derecho a defenderse desde su silla. Para este sector, pedirle la renuncia es «condenarlo por anticipado». Es la apuesta por la lealtad política y el respeto al derecho a la defensa, cueste lo que cueste.
- La tesis del rigor (Robledo): Aquí la lógica es de mercado. Una empresa que cotiza en Wall Street no puede darse el lujo de tener a un presidente sub júdice (bajo investigación formal de la Fiscalía). Para Robledo, la decencia dicta que Roa debería defenderse como un ciudadano de a pie y no usando la oficina más importante del país como escudo.
Porque Ecopetrol es una empresa pública, pero se mueve con reglas privadas y globales. Cuando el presidente de la compañía más grande de Colombia enfrenta una acusación formal, la confianza de los inversionistas flaquea. Si el mercado percibe que hay inestabilidad o falta de ética en la cabeza, el precio de la acción sufre.
La claridad que los extremos te quitan es entender que este no es un debate sobre la culpabilidad de Roa, sino sobre la salud de Ecopetrol. El debido proceso es sagrado para las personas, pero la reputación es sagrada para las empresas. La ética pública exige sacrificios que la política, a veces, se niega a hacer.
